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El gobierno asegura quefiscalizar toda la letra de la ley es prácticamente imposible y reconoce que no se preocuparán por el autocultivo.
En el gobierno saben que hay un ?mundo? de cuestiones a definir respecto a cómo se producirá y venderá marihuana legal en Uruguay. Saben, también, que tienen solo 120 días de plazo para volcar esas resoluciones en un decreto reglamentario. Aunque un grupo de representantes de ministerios y organismos involucrados se viene reuniendo desde hace un tiempo para pensar en esto, lo cierto es que aún está casi todo por resolver y tras la aprobación de la ley se abren varios flancos débiles.
El primero y más evidente es el control de cada etapa de la cadena productiva. ¿Quiénes van a inspeccionar que los licenciatarios y clubes de membresía produzcan la cantidad que se les permita? ¿Cuántos funcionarios tendrá el futuro Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) para hacer ese control, si en año electoral no se pueden asignar cargos? Redistribuir inspectores de otras áreas del Estado implicaría dejar desprovistas de control otras áreas en las que la fiscalización es clave y también tiene carencias, como salud, educación o trabajo.
En tren de elegir, el gobierno se inclina por controlar a los proveedores con licencia para vender a las farmacias, algo que consideran ?posible? por tratarse de un número determinado de plantaciones (en principio 10). Por el contrario, fuentes de la Secretaría Nacional de Drogas (SND) admitieron a El Observador que controlar el autocultivo es ?prácticamente imposible?. Creen que la plantación individual va a ser la opción de muchos que no quieran figurar en un registro de consumidores y que tampoco quieran formar parte de un club de membresía. La ley dice expresamente que no podrá haber más de seis plantas por persona.
En tanto, sostienen que monitorear a los proveedores de marihuana no será un problema mayor. Según supo El Observador, es probable que se adopte el sistema que funciona en Colorado (Estados Unidos) para controlar la marihuana medicinal. Allí le colocan a cada planta un código de barras con el que se vigila su crecimiento y se comprueba que los componentes del producto final sean los que estaban previstos inicialmente por la genética de la planta. Esto requiere de una inspección mensual para corroborar que las plantas registradas sean las que se cultivan.
A su vez, se planifica que el Estado habilite la producción de cinco o seis variedades de marihuana, con distintos porcentajes de los componentes de la planta, de modo de contemplar los distintos usos. En principio esto regirá para los licenciatarios pero no para los clubes ni para el autocultivo.
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