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Las ocho denominaciones cristianas de tradición católico-reformada, protestante y evangélica que componen el Concilio de Iglesias de Puerto Rico (CIPR) se expresaron a favor de la medicación de la marihuana, pero con reservas.
Representantes del concilio comparecieron ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes a expresar su apoyo al proyecto de la Cámara 1362, que persigue enmendar Ley de Sustancias Controladas con el propósito de reclasificar la marihuana y sus derivados, y así legalizar su uso terapéutico medicinal.
La medida también busca establecer la Ley para el Uso Medicinal de la Marihuana a fin de crear un sistema controlado de producción legal y el uso medicinal de la marihuana en Puerto Rico.
Sin embargo, conforme a la ponencia presentada por el secretario ejecutivo del concilio, Angel Rivera Agosto, el respaldo se da condicionado a la revisión de aspectos contenidos en el proyecto que, según sus palabras, ?refuerzan el enfoque punitivo que ha demostrado ser detrimental a la hora de atender el problema de la drogadicción en nuestro país?.
Rivera Agosto se refierió al catálogo de penas contenido en el proyecto, que contempla sancionar al usuario de marihuana sin autorización del Estado, conforme a lo estipulado por el propio estatuto, a diez años de cárcel y a una multa de diez mil dólares.
?No queremos imaginar al Estado sumido nuevamente en una 'guerra para las drogas' en tiempo de medicalización, tratando de hacer cumplir las disposiciones de esta ley, erogando fondos que se pueden utilizar para el tratamiento y rehabilitación de adictos y sumido en toda una crisis fiscal por el hecho de arrestar a adictos a la marihuana que no hayan entrado por el riel determinado de la medicalización que establece este proyecto?, indicó.
También señaló que el proyecto redefine tareas de agencias gubernamentales sin determinar la forma y manera de sufragar los costos de las mismas, ?así como la limitación tanto el tratamiento médico en cuestión. como el acompañamiento al mismo a personas que no hayan incurrido en ?crímenes de depravación moral?.
Las ocho denominaciones cristianas de tradición católico-reformada, protestante y evangélica que componen el Concilio de Iglesias de Puerto Rico (CIPR) se expresaron a favor de la medicación de la marihuana, pero con reservas.
Representantes del concilio comparecieron ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes a expresar su apoyo al proyecto de la Cámara 1362, que persigue enmendar Ley de Sustancias Controladas con el propósito de reclasificar la marihuana y sus derivados, y así legalizar su uso terapéutico medicinal.
La medida también busca establecer la Ley para el Uso Medicinal de la Marihuana a fin de crear un sistema controlado de producción legal y el uso medicinal de la marihuana en Puerto Rico.
Sin embargo, conforme a la ponencia presentada por el secretario ejecutivo del concilio, Angel Rivera Agosto, el respaldo se da condicionado a la revisión de aspectos contenidos en el proyecto que, según sus palabras, ?refuerzan el enfoque punitivo que ha demostrado ser detrimental a la hora de atender el problema de la drogadicción en nuestro país?.
Rivera Agosto se refierió al catálogo de penas contenido en el proyecto, que contempla sancionar al usuario de marihuana sin autorización del Estado, conforme a lo estipulado por el propio estatuto, a diez años de cárcel y a una multa de diez mil dólares.
?No queremos imaginar al Estado sumido nuevamente en una 'guerra para las drogas' en tiempo de medicalización, tratando de hacer cumplir las disposiciones de esta ley, erogando fondos que se pueden utilizar para el tratamiento y rehabilitación de adictos y sumido en toda una crisis fiscal por el hecho de arrestar a adictos a la marihuana que no hayan entrado por el riel determinado de la medicalización que establece este proyecto?, indicó.
También señaló que el proyecto redefine tareas de agencias gubernamentales sin determinar la forma y manera de sufragar los costos de las mismas, ?así como la limitación tanto el tratamiento médico en cuestión. como el acompañamiento al mismo a personas que no hayan incurrido en ?crímenes de depravación moral?.