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Los cambios en la legislación sobre el cannabis son una buena fotografía del Uruguay actual.
Para empezar, por la lentitud de todo el proceso. Llevó tres años. La primera propuesta seria y bien articulada fue el proyecto de ley sobre el combate al narcotráfico, presentada por Lacalle Pou en noviembre de 2010. Habilitaba sin restricciones el cultivo y la cosecha de marihuana destinados a consumo personal. Luego, en junio de 2012, vino la publicitada propuesta del presidente que, displicente, omitió todo antecedente legislativo en la materia. Hoy, llegamos a esta regulación que prescindió de la oposición y buscó asegurarse una mayoría oficialista a toda costa.
Para seguir, por el resultado concreto, que refleja el talante de siempre de la izquierda: una confianza ciega en la capacidad del Estado, y la aprobación de disposiciones legales que, se sabe, serán imposibles de cumplir.
Es como si el legislador frenteamplista viviera en un mundo paralelo en el que las dependencias estatales son confiables y eficientes. Por tanto, ellas pueden manejar registros de consumidores de cannabis y fiscalizar cantidad de plantas per cápita en los livings de los hogares uruguayos, con discreción y prontitud. También, son capaces de proceder al escaneo de todo paquete sospechoso que llegue del exterior y que contenga semillas para plantar, porque su arribo estaría contradiciendo el monopolio de la semilla estatal. Además, cuentan con decenas de inspectores que podrán recorrer rutinariamente los clubes cannábicos para certificar el conteo de las plantitas. Todo es un disparate.
Para terminar, por las reacciones de unos y otros. Haciendo caso omiso de la evidente falta de calidad legislativa y del delirio de algunas de las disposiciones del aprobado proyecto, la barra progre, que ha demostrado no tener un gran sentido de exigencia con su gobierno-compañero, quedó feliz con el avance. Rumia, mientras desmorruga uno, que así está bien, que por algo hay que empezar. Y agrega: qué bien el Pepe, qué progresista. Es que, se sabe, no se conforma quien no quiere.
Del otro lado la barra conserva se eriza, como cuando el matrimonio homosexual o el cambio en la legislación del aborto. Esto del porro es parte del apocalipsis de la indecencia moral y la decadencia social. Le encantaría que todo fuera como en los años cincuenta del siglo XX ?y algunos, incluso, desearían que fueran verdad los cuentos moralmente correctos de la época victoriana. Es que antes todo era más previsible y más encuadrado (y menos diverso, y mucho menos libre). Algunos invocan incluso una conjura populista-disolvente internacional, y hasta le agregan cierto toque paranoico para hacernos creer que somos unos conejillos de indias.
El problema es que por un lado la izquierda nos conduce al siglo XXI con desdén acerca de la real implementación de los cambios que vota, y con asumido menosprecio por el respeto de las formalidades constitucionales (que son las garantías de todos). Y por otro lado, la oposición está demasiado tentada por un discurso rancio y facilongo que añora un pasado que ya fue.
El país de primera que todos queremos precisa de una legislación que sea eficiente y encuentre consensos ?eran posibles en este caso; y que sea realista y no haga cambios que terminen en un previsible fracaso de implementación.
Precisamos la receta que no falla: ser liberales y modernos.