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El multimillonario George Soros ofreció al presidente José Mujica financiar una evaluación independiente de la aplicación de la ley de marihuana en Uruguay. A través de su fundación, estudiará qué impacto tuvo en salud y violencia.
En la reunión mantenida esta semana en Estados Unidos entre el multimillonario y el presidente de la República, se concretó el planteo de trabajar en la evaluación de eso que el propio Soros definió como el "laboratorio" uruguayo.
Pedro Abramovay, director regional para Latinoamérica y el Caribe de la Open Society Foundation (fundación creada y presidida por Soros), dijo a El País que la propuesta que el magnate hizo a Mujica en Nueva York "pasó por ofrecer trabajar en la evaluación". El funcionario explicó que la organización está "absolutamente lista para ayudar con evaluaciones independientes del proceso".
"Nos interesa, una vez que esté aprobado el proyecto sobre marihuana, que se ayude a hacer una evaluación seria para saber si ese camino funciona. Ese tema nos interesa ahora por encima de todo: ayudar a hacer una evaluación independiente y científica de la experiencia uruguaya, si es que Uruguay confirma este camino", dijo.
Abramovay, que ocupó distintos cargos en Brasil durante los mandatos de Lula da Silva, siendo incluso secretario nacional de Justicia, afirmó que el objetivo es que "se pueda mirar dentro de dos o tres años y los uruguayos puedan decir si la decisión fue correcta o no".
El director regional de Open Society dijo que el objetivo es "construir un proceso de evaluación público e independiente que tenga suficiente legitimidad" para los uruguayos. Según señaló, los puntos clave para realizar esas mediciones serán la salud y la disminución de la violencia; "esos tienen que ser los criterios que se utilicen para evaluar las políticas de drogas", opinó al respecto.
Inversión.
Open Society Foundation tiene previsto invertir US$ 27 millones durante 2013 en los distintos programas que apoya en América Latina, no solo vinculados a las políticas de drogas. De esa cifra, según estimó Abramovay, los montos que se destinan a Uruguay representan menos del 2%.
En Uruguay, la fundación de Soros viene invirtiendo en actividades vinculadas a la discusión del modelo sobre drogas desde 2011, cuando destinó US$ 15.000 para el Debate Nacional sobre Drogas. Ahora, tras la iniciativa del Poder Ejecutivo, la fundación donó cerca de US$ 60.000 para una campaña publicitaria realizada en Uruguay por la organización Regulación Responsable, en apoyo a la nueva normativa.
Abramovay dejó en claro que en este momento "no está dentro de las prioridades financiar otra campaña publicitaria", sino que todo los esfuerzos estarán puestos en la evaluación.
Según dijo, se invertirá "lo que sea suficiente para una evaluación seria", aunque comentó que aún no está definido cuánto dinero puede destinarse. Explicó que es un punto que todavía debe ser discutido y en el cual será importante ver si no hay otros donadores interesados en tal iniciativa.
"Los países deben poder experimentar el suceso, y es un poco lo que Uruguay hace ahora, tiene el coraje de enfrentar y experimentar esa realidad en un contexto donde podría tener una reacción internacional muy fuerte. Este país quiere experimentar una alternativa al camino de guerra, y para eso tiene que tener el apoyo de organizaciones que están comprometidas con los derechos humanos", comentó el director regional de OSF sobre el papel de la organización.
Consultado sobre si no es un riesgo para Uruguay el hecho de "experimentar" con este tipo de políticas, Abramovay dijo que "el riesgo es vivir la situación que vivimos ahora. América Latina en el tema drogas es un enfermo terminal y el verdadero riesgo es mantener las políticas actuales", señaló.
Abramovay dijo que será fundamental en la experiencia uruguaya la idea de que "si algo no marcha bien, tiene que ser corregido". "Si la experiencia uruguaya fracasa, por supuesto que hay que volver atrás. Por eso es tan importante y por eso la prioridad de Open Society Foundation es construir una evaluación independiente y seria para que se pueda saber si es necesario volver atrás, corregir, crear algo en el medio del camino o ir más allá", afirmó.
Clubes.
En tanto, mientras se espera que la Cámara Alta le diga sí a la legalización de la marihuana, la Asociación de Estudios de Cannabis del Uruguay (AECU), una asociación civil creada en octubre del año pasado, ya agrupa a 450 socios preparados para dedicarse al autocultivo o formar parte de los clubes de membrecía que permite la ley.
"La Asociación ya empezó a trabajar con los clubes de cultivadores. Cada grupo ha trabajado sobre los estatutos, ha calculado costos y a evaluar cuáles son las dimensiones del espacio que necesitan. Hay cuatro clubes que ya están prontos para pedir su autorización", dijo a El País el vocero de AECU, Juan Andrés Vaz.
El proyecto de legalización de la marihuana permite a los autocultivadores tener un límite de seis plantas o una producción de hasta 480 gramos y, además, habilita la creación de clubes de membrecía que podrán tener entre 15 y 45 socios, y en total un máximo de 99 plantas. Además, el Estado venderá marihuana a través de las farmacias a un precio de 2,5 dólares el gramo.
Quienes quieran cultivar o comprar deberán anotarse en un registro cuyos datos no serán públicos. "Sobre el registro hay posiciones encontradas entre los socios. En mi caso, yo siento que este no me discrimina, sino que me legitima como usuario", precisó Vaz, quien sostuvo que la cantidad de socios de AECU "crece día a día".
"El nuevo sistema va a traer más transparencia y se va a saber cuánto se fuma. Le va a dar seguridad al consumidor, que ya no va a tener que ir a una boca (de droga) para comprar. Se le va a quitar un ingreso millonario a los narcos", concluyó el vocero.
AECU funciona con un equipo de abogados que además de asesorar a los nuevos cultivadores se encarga de defender a quienes ya tengan cultivos en caso de que tengan un problema con la Justicia.
"No hay vínculo con Monsanto"
En diálogo con El País, Pedro Abramovay, director regional para Latinoamérica y el Caribe de la Open Society Foundation, remarcó que no existe vínculo de la fundación con la poderosa empresa agrícola Monsanto.
Esto se alinea con un comunicado que sacó dicha firma esta semana, en el cual se desligó del plan oficial uruguayo para comercializar marihuana.
Estas afirmaciones se dan en el marco de cuestionamientos surgidos por la supuesta posesión de acciones por parte de Soros de la empresa Monsanto, y un eventual beneficio de esta firma con las ganancias que podría obtener si se dedicara a la venta de marihuana legal.
"No hay ninguna presión de los intereses en negocios de Soros y no hay ningún vínculo de él o de Open Society con Monsanto", afirmó Abramovay en ese sentido.
En la reunión mantenida esta semana en Estados Unidos entre el multimillonario y el presidente de la República, se concretó el planteo de trabajar en la evaluación de eso que el propio Soros definió como el "laboratorio" uruguayo.
Pedro Abramovay, director regional para Latinoamérica y el Caribe de la Open Society Foundation (fundación creada y presidida por Soros), dijo a El País que la propuesta que el magnate hizo a Mujica en Nueva York "pasó por ofrecer trabajar en la evaluación". El funcionario explicó que la organización está "absolutamente lista para ayudar con evaluaciones independientes del proceso".
"Nos interesa, una vez que esté aprobado el proyecto sobre marihuana, que se ayude a hacer una evaluación seria para saber si ese camino funciona. Ese tema nos interesa ahora por encima de todo: ayudar a hacer una evaluación independiente y científica de la experiencia uruguaya, si es que Uruguay confirma este camino", dijo.
Abramovay, que ocupó distintos cargos en Brasil durante los mandatos de Lula da Silva, siendo incluso secretario nacional de Justicia, afirmó que el objetivo es que "se pueda mirar dentro de dos o tres años y los uruguayos puedan decir si la decisión fue correcta o no".
El director regional de Open Society dijo que el objetivo es "construir un proceso de evaluación público e independiente que tenga suficiente legitimidad" para los uruguayos. Según señaló, los puntos clave para realizar esas mediciones serán la salud y la disminución de la violencia; "esos tienen que ser los criterios que se utilicen para evaluar las políticas de drogas", opinó al respecto.
Inversión.
Open Society Foundation tiene previsto invertir US$ 27 millones durante 2013 en los distintos programas que apoya en América Latina, no solo vinculados a las políticas de drogas. De esa cifra, según estimó Abramovay, los montos que se destinan a Uruguay representan menos del 2%.
En Uruguay, la fundación de Soros viene invirtiendo en actividades vinculadas a la discusión del modelo sobre drogas desde 2011, cuando destinó US$ 15.000 para el Debate Nacional sobre Drogas. Ahora, tras la iniciativa del Poder Ejecutivo, la fundación donó cerca de US$ 60.000 para una campaña publicitaria realizada en Uruguay por la organización Regulación Responsable, en apoyo a la nueva normativa.
Abramovay dejó en claro que en este momento "no está dentro de las prioridades financiar otra campaña publicitaria", sino que todo los esfuerzos estarán puestos en la evaluación.
Según dijo, se invertirá "lo que sea suficiente para una evaluación seria", aunque comentó que aún no está definido cuánto dinero puede destinarse. Explicó que es un punto que todavía debe ser discutido y en el cual será importante ver si no hay otros donadores interesados en tal iniciativa.
"Los países deben poder experimentar el suceso, y es un poco lo que Uruguay hace ahora, tiene el coraje de enfrentar y experimentar esa realidad en un contexto donde podría tener una reacción internacional muy fuerte. Este país quiere experimentar una alternativa al camino de guerra, y para eso tiene que tener el apoyo de organizaciones que están comprometidas con los derechos humanos", comentó el director regional de OSF sobre el papel de la organización.
Consultado sobre si no es un riesgo para Uruguay el hecho de "experimentar" con este tipo de políticas, Abramovay dijo que "el riesgo es vivir la situación que vivimos ahora. América Latina en el tema drogas es un enfermo terminal y el verdadero riesgo es mantener las políticas actuales", señaló.
Abramovay dijo que será fundamental en la experiencia uruguaya la idea de que "si algo no marcha bien, tiene que ser corregido". "Si la experiencia uruguaya fracasa, por supuesto que hay que volver atrás. Por eso es tan importante y por eso la prioridad de Open Society Foundation es construir una evaluación independiente y seria para que se pueda saber si es necesario volver atrás, corregir, crear algo en el medio del camino o ir más allá", afirmó.
Clubes.
En tanto, mientras se espera que la Cámara Alta le diga sí a la legalización de la marihuana, la Asociación de Estudios de Cannabis del Uruguay (AECU), una asociación civil creada en octubre del año pasado, ya agrupa a 450 socios preparados para dedicarse al autocultivo o formar parte de los clubes de membrecía que permite la ley.
"La Asociación ya empezó a trabajar con los clubes de cultivadores. Cada grupo ha trabajado sobre los estatutos, ha calculado costos y a evaluar cuáles son las dimensiones del espacio que necesitan. Hay cuatro clubes que ya están prontos para pedir su autorización", dijo a El País el vocero de AECU, Juan Andrés Vaz.
El proyecto de legalización de la marihuana permite a los autocultivadores tener un límite de seis plantas o una producción de hasta 480 gramos y, además, habilita la creación de clubes de membrecía que podrán tener entre 15 y 45 socios, y en total un máximo de 99 plantas. Además, el Estado venderá marihuana a través de las farmacias a un precio de 2,5 dólares el gramo.
Quienes quieran cultivar o comprar deberán anotarse en un registro cuyos datos no serán públicos. "Sobre el registro hay posiciones encontradas entre los socios. En mi caso, yo siento que este no me discrimina, sino que me legitima como usuario", precisó Vaz, quien sostuvo que la cantidad de socios de AECU "crece día a día".
"El nuevo sistema va a traer más transparencia y se va a saber cuánto se fuma. Le va a dar seguridad al consumidor, que ya no va a tener que ir a una boca (de droga) para comprar. Se le va a quitar un ingreso millonario a los narcos", concluyó el vocero.
AECU funciona con un equipo de abogados que además de asesorar a los nuevos cultivadores se encarga de defender a quienes ya tengan cultivos en caso de que tengan un problema con la Justicia.
"No hay vínculo con Monsanto"
En diálogo con El País, Pedro Abramovay, director regional para Latinoamérica y el Caribe de la Open Society Foundation, remarcó que no existe vínculo de la fundación con la poderosa empresa agrícola Monsanto.
Esto se alinea con un comunicado que sacó dicha firma esta semana, en el cual se desligó del plan oficial uruguayo para comercializar marihuana.
Estas afirmaciones se dan en el marco de cuestionamientos surgidos por la supuesta posesión de acciones por parte de Soros de la empresa Monsanto, y un eventual beneficio de esta firma con las ganancias que podría obtener si se dedicara a la venta de marihuana legal.
"No hay ninguna presión de los intereses en negocios de Soros y no hay ningún vínculo de él o de Open Society con Monsanto", afirmó Abramovay en ese sentido.