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URUGUAYEse país despenalizó el aborto y aprobó el matrimonio gay. Ahora se quiere regular la producción de marihuana.
El presidente de Uruguay, Pepe Mujica, es protagonista de primera línea en el progreso de los derechos individuales. Durante su gobierno se ha regulado el matrimonio gay y está a punto de aprobarse una ley para regular la producción de marihuana.
?¡Viva Pepe!, ¡viva Pepe!?, vociferaban los amigos de Gabriel Sánchez, un taxista de Montevideo, que se reunieron en su casa solo unas horas después de que el gobierno de José Mujica anunció que radicaría un proyecto de ley para regular la producción y venta de marihuana.
La noticia despertó el entusiasmo de los consumidores de cannabis que la pueden fumar, pero no la pueden cultivar y mucho menos comprar con libertad. Pero esa no ha sido la única razón para celebrar entre los defensores de las libertades individuales de Uruguay. Los colectivos de mujeres y la población LGTBI experimentaron un júbilo semejante después de que se despenalizó el aborto y se legalizó el matrimonio entre homosexuales. Uruguay vive una revolución silenciosa que lo pone a la vanguardia del progresismo en el mundo.
Desde que Mujica se propuso regular la producción de marihuana en junio de 2012, los ojos de la comunidad internacional se posaron sobre el pequeño país austral que desafiaba la tradicional forma de combatir al narcotráfico. Canciones que bromeaban sobre la ?liberación de la maruja? se diseminaron viralmente por internet.
Las imágenes retocadas de un Mujica con cabellos largos y un porro (cigarrillo) en la boca inundaron las redes sociales. Periodistas de varias naciones del mundo viajaron a Uruguay con la intención de hablar con su presidente y para narrar lo que un columnista llamó ?la conspiración de los razonables?.
El gobierno de Mujica considera que las medidas servirán para reducir los índices de criminalidad y paliar el consumo de otras sustancias más nocivas. Según sus cuentas en el país, que tiene 3,3 millones de habitantes, hay 20.000 usuarios diarios de cannabis. Y las autoridades, muy por encima de la media internacional, solo logran incautar el 10 por ciento de la marihuana que se consume.
Con estos argumentos, en julio pasado, la Cámara baja aprobó, con 50 votos a favor y 46 en contra, el proyecto de Mujica. Y es muy probable que antes de que acabe este año, cuando pase por el Senado, donde la mayoría del gobierno es más amplia, el país cuente con una ley que regule la producción de marihuana.
El Estado tendría el control sobre el cultivo de yerba, los consumidores podrían comprar hasta 40 gramos (el equivalente a 40 cigarrillos aproximadamente) a razón de 700 pesos (35 dólares) y se crearía un nuevo comercio para los fumadores que podrían acudir a clubes o tiendas como las que hay en Holanda. Eso sin contar la posibilidad de que se desarrolle una industria de productos medicinales derivados.
En la calles del centro montevideano hay quienes fuman, a veces, cerca de los policías o en las plazas aledañas al edificio del Ejecutivo (la Presidencia), sin que pase nada. A menos que se venda o se concite el consumo, no hay cárcel. ?Aquí no te van a admitir que la mayoría fuma, porque no han salido del clóset. Pero así es?, dice Sánchez, de 33 años, quien lo hace desde hace más de 15.
El taxista que conoce las ?bocas? (ollas) con detalle explica que 25 gramos (con los que se pueden hacer 25 cigarrillos) cuestan casi 50 dólares en un sitio seguro. Por eso ve con buenos ojos la mediación del Estado. Con lo que no está de acuerdo es con la tesis de que permitir la producción de marihuana podría reducir el consumo de otras drogas.
Para el gobierno de Mujica era incongruente que mientras el consumo de marihuana no estaba penalizado en ese país se fueran 40 millones de dólares al año a los bolsillos de las mafias de Uruguay. ?Nosotros creemos que regulando un mercado que ya existe es más fácil controlar el uso problemático de marihuana, pero sobre todo una parte importante del narcotráfico?, explica Julio Calzada, secretario de la Junta Nacional de Drogas.
El giro en la política contra las drogas tiene raíces profundas en la cultura de Uruguay, un país que se ha caracterizado por ir a la vanguardia de los derechos civiles. ?En el país ya había un ambiente de la base social y una tradición liberal de largo aliento para que un proyecto como este se aprobara?, explica el profesor de Historia, Política y Sociedad de la Universidad ORT, Francisco Faig.
Muestra de ello es que en 2000, el entonces presidente del Partido Colorado, Jorge Batlle, consideró que el país debía legalizar todas las drogas. Y en 2010, el diputado de la oposición Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) propuso hacerlo con el cultivo de marihuana para consumo personal. Mujica, con buen tino, tuvo la audacia de proponer una ley a tono con el reclamo de algunos países latinoamericanos que ponen los muertos a causa de la lucha entre carteles.
A un par de cuadras de la Plaza Independencia, la más importante de Montevideo, dos pendones contra el aborto cuelgan frente a la fachada de un vetusto edificio en la avenida 18 de Julio. Los dos tienen un bebe silueteado, que rezan ?El 23 vota por la vida? y ?¡Déjame vivir!?. Son el símbolo patético de la más reciente derrota electoral de la derecha conservadora.
En octubre del año pasado, el mismo parlamento que está a punto de regular la marihuana, con una mayoría más apretada aprobó una ley para permitir el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Un sector del Partido Nacional, de corte conservador, emprendió una campaña para someter la norma a referendo. Pero para sorpresa de muchos el 23 de junio, día de la convocatoria, solo salieron a votar 226.000 personas (el 8,8 por ciento de los habilitados para votar). Para convocar el referendo era necesario que participara al menos el 25 por ciento del padrón de votantes. La Iglesia Católica fue la principal derrotada.
Para Lilián Celiberti, coordinadora del Centro de Comunicación Virginia Woolf de Cotidiano Mujer, que defiende los derechos femeninos, los uruguayos han demostrado en varias oportunidades tolerancia y un profundo arraigo liberal de sus convicciones. Según ella, guardadas las proporciones, algo parecido al ?No? contra la dictadura fue lo que ocurrió el pasado 23 de junio. ?Esas expresiones civilistas han sido lo que más me han emocionado como ciudadana, me reconcilian con ser uruguaya?, dice Celiberti, quien fue víctima de la dictadura.
La historia de las conquistas políticas logradas por los colectivos a favor de los derechos de población LGTBI es semejante a las anteriores. Hace tres semanas los medios de comunicación uruguayos registraron el primer matrimonio homosexual in extremis (en una clínica), pues uno de los contrayentes padecía de cáncer. La noticia le dio la vuelta al mundo no solo porque los uruguayos estrenaron ley, sino por el infortunio que abrazaba a la pareja.
En este caso, la mayoría en el Congreso a favor del matrimonio gay fue más amplia. Con 71 votos, de 92 parlamentarios que estaban en la sesión, el Legislativo le dio el sí a la unión de parejas del mismo sexo en abril pasado. Entre tanto, en países como Colombia el Congreso no pudo legalizar esas uniones como lo había pedido la Corte Constitucional.
Y en Francia, que se supone es la cuna de los ideales liberales, una ley semejante fue aprobada en medio de una aguda polarización. Así, Uruguay se convirtió en el tercer país latinoamericano, después de Argentina y Brasil, en regular los matrimonios de las parejas gays. Eso sin contar que pueden adoptar sin mayores problemas.
Debido a estos logros el mundo recordó por qué ese pequeño país fue llamado a comienzos del siglo XIX la Suiza de América. La diferencia en esta oportunidad es que no lo es gracias a los altos niveles de bienestar de los que Uruguay gozó en el pasado, sino a la evolución de sus ideas liberales instauradas por un gobierno de izquierda. Pepe, un exguerrillero de 78 años que llegó al poder en 2009, se convirtió en ícono del progresismo y Uruguay, en su meca latinoamericana.
Aun así, los uruguayos no sienten fervor religioso por Mujica como ocurre en otros países con gobiernos de izquierda. Entre quienes aprueban el avance de las ideas liberales del mandatario también se oye el reclamo por la falta de una reforma a la educación y una mayor eficacia contra la delincuencia común.
También es cierto que cuando las encuestadoras le han preguntado a los uruguayos si están de acuerdo con la legalización de la marihuana, una mayoría (el 64 por ciento) ha dicho que no, y dos de cada tres encuestados están de acuerdo en que el Estado baje la edad, de 18 a 16 años, en la que se puede procesar penalmente a una persona. En una reciente encuesta de la consultora Equipos Mori, el 40 por ciento de los uruguayos desaprobó la gestión del gobierno, mientras que el 38 está a su favor. Es decir que si bien se definen como liberales en muchos campos, el progresismo encuentra resistencias. No obstante, la discusión se zanja en el plano democrático y a través de los partidos, que hacen posible el consenso como una muestra de madurez política.
Esa historia de avances democráticos y respeto a los derechos individuales data de hace más de un siglo y ha tenido muchos protagonistas. Varios sectores consultados por SEMANA reconocen que se debe a que la educación es laica desde 1887, y a que unos años más tarde, en 1907, se aprobó la primera ley que permitía el divorcio por algunas causales y seis años más tarde se aprobó para la mujer ?por su sola voluntad?.
Esas conquistas seculares fueron ratificadas en la Constitución de 1917, en la que se separaron definitivamente el Estado y la Iglesia. Diez años más tarde Uruguay adoptó el voto femenino, 44 años antes de Suiza, el país con el cual la comparaban. Por eso, mientras afuera el mundo se sorprende con el avance de sus ideas progresistas, a los uruguayos no les asombra. ?Desde principios del siglo pasado, mientras el resto de América Latina miraba Estados Unidos o Francia, nosotros miramos a los Países Bajos y Escandinavia?, dice un funcionario del gobierno que prefiere que no mencionen su nombre.
Con pesar, los uruguayos recuerdan que el respeto a los derechos se vio truncado durante la dictadura (1973- 1985). Sin embargo, a pesar del miedo generado por las desapariciones, las detenciones ilegales y los asesinatos, fueron a las urnas y derrotaron el plebiscito que buscaba darles más poder a los militares e instaurar una nueva Constitución.
Ese ?No? abrió el camino para que cinco años después al país regresara la democracia. El costo fue muy alto, pero después de la dictadura los uruguayos se aferran a su tradición liberal con más fuerza que antes. Según la encuesta Latinobarómetro en 2011, el 63 por ciento de los encuestados de ese país dijo sentirse cerca a un partido político y el 74 por ciento dijo que no sería viable la democracia sin estas instituciones. En Colombia solo el 34 y el 51 por ciento creen lo mismo.
Al lado de los edificios grises del centro de Montevideo, que le dan un aire europeo a sus calles, los quioscos de revistas albergan, entre muchos periódicos, las recientes ediciones de cuatro diarios (uno por cada partido). Sus páginas se ocupan de los principales debates políticos del país desde los espectros ideológicos. Uruguay, que es 11 veces más pequeño que Colombia, cuenta con tres canales privados de televisión y se prepara para abrir aún más el espectro y promover cadenas comunitarias y oficiales.
?El objetivo es democratizar los medios audiovisuales?, dice la socióloga Paula Baleato, como si en ese país hubiera que hacerlo. El debate de la ley de medios será el próximo pulso entre la izquierda y los sectores conservadores. Falta ver si el combustible de su política interna le alcanza al gobierno de Mujica.
En la portada del semanario Brecha aparece un Mujica sonriente, con un sumario llamativo: ?Mientras en la política doméstica se critica su forma de gobernar, a nivel mundial el presidente alcanza una estatura inesperada. La agenda de derechos que instauró en Uruguay y el papel creciente del mandatario en una mediación para el eterno conflicto colombiano lo proyectan como jugador global. Hasta se le promoverá como candidato a premio Nobel?, dice.
El presidente de Uruguay, Pepe Mujica, es protagonista de primera línea en el progreso de los derechos individuales. Durante su gobierno se ha regulado el matrimonio gay y está a punto de aprobarse una ley para regular la producción de marihuana.
?¡Viva Pepe!, ¡viva Pepe!?, vociferaban los amigos de Gabriel Sánchez, un taxista de Montevideo, que se reunieron en su casa solo unas horas después de que el gobierno de José Mujica anunció que radicaría un proyecto de ley para regular la producción y venta de marihuana.
La noticia despertó el entusiasmo de los consumidores de cannabis que la pueden fumar, pero no la pueden cultivar y mucho menos comprar con libertad. Pero esa no ha sido la única razón para celebrar entre los defensores de las libertades individuales de Uruguay. Los colectivos de mujeres y la población LGTBI experimentaron un júbilo semejante después de que se despenalizó el aborto y se legalizó el matrimonio entre homosexuales. Uruguay vive una revolución silenciosa que lo pone a la vanguardia del progresismo en el mundo.
Desde que Mujica se propuso regular la producción de marihuana en junio de 2012, los ojos de la comunidad internacional se posaron sobre el pequeño país austral que desafiaba la tradicional forma de combatir al narcotráfico. Canciones que bromeaban sobre la ?liberación de la maruja? se diseminaron viralmente por internet.
Las imágenes retocadas de un Mujica con cabellos largos y un porro (cigarrillo) en la boca inundaron las redes sociales. Periodistas de varias naciones del mundo viajaron a Uruguay con la intención de hablar con su presidente y para narrar lo que un columnista llamó ?la conspiración de los razonables?.
El gobierno de Mujica considera que las medidas servirán para reducir los índices de criminalidad y paliar el consumo de otras sustancias más nocivas. Según sus cuentas en el país, que tiene 3,3 millones de habitantes, hay 20.000 usuarios diarios de cannabis. Y las autoridades, muy por encima de la media internacional, solo logran incautar el 10 por ciento de la marihuana que se consume.
Con estos argumentos, en julio pasado, la Cámara baja aprobó, con 50 votos a favor y 46 en contra, el proyecto de Mujica. Y es muy probable que antes de que acabe este año, cuando pase por el Senado, donde la mayoría del gobierno es más amplia, el país cuente con una ley que regule la producción de marihuana.
El Estado tendría el control sobre el cultivo de yerba, los consumidores podrían comprar hasta 40 gramos (el equivalente a 40 cigarrillos aproximadamente) a razón de 700 pesos (35 dólares) y se crearía un nuevo comercio para los fumadores que podrían acudir a clubes o tiendas como las que hay en Holanda. Eso sin contar la posibilidad de que se desarrolle una industria de productos medicinales derivados.
En la calles del centro montevideano hay quienes fuman, a veces, cerca de los policías o en las plazas aledañas al edificio del Ejecutivo (la Presidencia), sin que pase nada. A menos que se venda o se concite el consumo, no hay cárcel. ?Aquí no te van a admitir que la mayoría fuma, porque no han salido del clóset. Pero así es?, dice Sánchez, de 33 años, quien lo hace desde hace más de 15.
El taxista que conoce las ?bocas? (ollas) con detalle explica que 25 gramos (con los que se pueden hacer 25 cigarrillos) cuestan casi 50 dólares en un sitio seguro. Por eso ve con buenos ojos la mediación del Estado. Con lo que no está de acuerdo es con la tesis de que permitir la producción de marihuana podría reducir el consumo de otras drogas.
Para el gobierno de Mujica era incongruente que mientras el consumo de marihuana no estaba penalizado en ese país se fueran 40 millones de dólares al año a los bolsillos de las mafias de Uruguay. ?Nosotros creemos que regulando un mercado que ya existe es más fácil controlar el uso problemático de marihuana, pero sobre todo una parte importante del narcotráfico?, explica Julio Calzada, secretario de la Junta Nacional de Drogas.
El giro en la política contra las drogas tiene raíces profundas en la cultura de Uruguay, un país que se ha caracterizado por ir a la vanguardia de los derechos civiles. ?En el país ya había un ambiente de la base social y una tradición liberal de largo aliento para que un proyecto como este se aprobara?, explica el profesor de Historia, Política y Sociedad de la Universidad ORT, Francisco Faig.
Muestra de ello es que en 2000, el entonces presidente del Partido Colorado, Jorge Batlle, consideró que el país debía legalizar todas las drogas. Y en 2010, el diputado de la oposición Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) propuso hacerlo con el cultivo de marihuana para consumo personal. Mujica, con buen tino, tuvo la audacia de proponer una ley a tono con el reclamo de algunos países latinoamericanos que ponen los muertos a causa de la lucha entre carteles.
A un par de cuadras de la Plaza Independencia, la más importante de Montevideo, dos pendones contra el aborto cuelgan frente a la fachada de un vetusto edificio en la avenida 18 de Julio. Los dos tienen un bebe silueteado, que rezan ?El 23 vota por la vida? y ?¡Déjame vivir!?. Son el símbolo patético de la más reciente derrota electoral de la derecha conservadora.
En octubre del año pasado, el mismo parlamento que está a punto de regular la marihuana, con una mayoría más apretada aprobó una ley para permitir el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Un sector del Partido Nacional, de corte conservador, emprendió una campaña para someter la norma a referendo. Pero para sorpresa de muchos el 23 de junio, día de la convocatoria, solo salieron a votar 226.000 personas (el 8,8 por ciento de los habilitados para votar). Para convocar el referendo era necesario que participara al menos el 25 por ciento del padrón de votantes. La Iglesia Católica fue la principal derrotada.
Para Lilián Celiberti, coordinadora del Centro de Comunicación Virginia Woolf de Cotidiano Mujer, que defiende los derechos femeninos, los uruguayos han demostrado en varias oportunidades tolerancia y un profundo arraigo liberal de sus convicciones. Según ella, guardadas las proporciones, algo parecido al ?No? contra la dictadura fue lo que ocurrió el pasado 23 de junio. ?Esas expresiones civilistas han sido lo que más me han emocionado como ciudadana, me reconcilian con ser uruguaya?, dice Celiberti, quien fue víctima de la dictadura.
La historia de las conquistas políticas logradas por los colectivos a favor de los derechos de población LGTBI es semejante a las anteriores. Hace tres semanas los medios de comunicación uruguayos registraron el primer matrimonio homosexual in extremis (en una clínica), pues uno de los contrayentes padecía de cáncer. La noticia le dio la vuelta al mundo no solo porque los uruguayos estrenaron ley, sino por el infortunio que abrazaba a la pareja.
En este caso, la mayoría en el Congreso a favor del matrimonio gay fue más amplia. Con 71 votos, de 92 parlamentarios que estaban en la sesión, el Legislativo le dio el sí a la unión de parejas del mismo sexo en abril pasado. Entre tanto, en países como Colombia el Congreso no pudo legalizar esas uniones como lo había pedido la Corte Constitucional.
Y en Francia, que se supone es la cuna de los ideales liberales, una ley semejante fue aprobada en medio de una aguda polarización. Así, Uruguay se convirtió en el tercer país latinoamericano, después de Argentina y Brasil, en regular los matrimonios de las parejas gays. Eso sin contar que pueden adoptar sin mayores problemas.
Debido a estos logros el mundo recordó por qué ese pequeño país fue llamado a comienzos del siglo XIX la Suiza de América. La diferencia en esta oportunidad es que no lo es gracias a los altos niveles de bienestar de los que Uruguay gozó en el pasado, sino a la evolución de sus ideas liberales instauradas por un gobierno de izquierda. Pepe, un exguerrillero de 78 años que llegó al poder en 2009, se convirtió en ícono del progresismo y Uruguay, en su meca latinoamericana.
Aun así, los uruguayos no sienten fervor religioso por Mujica como ocurre en otros países con gobiernos de izquierda. Entre quienes aprueban el avance de las ideas liberales del mandatario también se oye el reclamo por la falta de una reforma a la educación y una mayor eficacia contra la delincuencia común.
También es cierto que cuando las encuestadoras le han preguntado a los uruguayos si están de acuerdo con la legalización de la marihuana, una mayoría (el 64 por ciento) ha dicho que no, y dos de cada tres encuestados están de acuerdo en que el Estado baje la edad, de 18 a 16 años, en la que se puede procesar penalmente a una persona. En una reciente encuesta de la consultora Equipos Mori, el 40 por ciento de los uruguayos desaprobó la gestión del gobierno, mientras que el 38 está a su favor. Es decir que si bien se definen como liberales en muchos campos, el progresismo encuentra resistencias. No obstante, la discusión se zanja en el plano democrático y a través de los partidos, que hacen posible el consenso como una muestra de madurez política.
Esa historia de avances democráticos y respeto a los derechos individuales data de hace más de un siglo y ha tenido muchos protagonistas. Varios sectores consultados por SEMANA reconocen que se debe a que la educación es laica desde 1887, y a que unos años más tarde, en 1907, se aprobó la primera ley que permitía el divorcio por algunas causales y seis años más tarde se aprobó para la mujer ?por su sola voluntad?.
Esas conquistas seculares fueron ratificadas en la Constitución de 1917, en la que se separaron definitivamente el Estado y la Iglesia. Diez años más tarde Uruguay adoptó el voto femenino, 44 años antes de Suiza, el país con el cual la comparaban. Por eso, mientras afuera el mundo se sorprende con el avance de sus ideas progresistas, a los uruguayos no les asombra. ?Desde principios del siglo pasado, mientras el resto de América Latina miraba Estados Unidos o Francia, nosotros miramos a los Países Bajos y Escandinavia?, dice un funcionario del gobierno que prefiere que no mencionen su nombre.
Con pesar, los uruguayos recuerdan que el respeto a los derechos se vio truncado durante la dictadura (1973- 1985). Sin embargo, a pesar del miedo generado por las desapariciones, las detenciones ilegales y los asesinatos, fueron a las urnas y derrotaron el plebiscito que buscaba darles más poder a los militares e instaurar una nueva Constitución.
Ese ?No? abrió el camino para que cinco años después al país regresara la democracia. El costo fue muy alto, pero después de la dictadura los uruguayos se aferran a su tradición liberal con más fuerza que antes. Según la encuesta Latinobarómetro en 2011, el 63 por ciento de los encuestados de ese país dijo sentirse cerca a un partido político y el 74 por ciento dijo que no sería viable la democracia sin estas instituciones. En Colombia solo el 34 y el 51 por ciento creen lo mismo.
Al lado de los edificios grises del centro de Montevideo, que le dan un aire europeo a sus calles, los quioscos de revistas albergan, entre muchos periódicos, las recientes ediciones de cuatro diarios (uno por cada partido). Sus páginas se ocupan de los principales debates políticos del país desde los espectros ideológicos. Uruguay, que es 11 veces más pequeño que Colombia, cuenta con tres canales privados de televisión y se prepara para abrir aún más el espectro y promover cadenas comunitarias y oficiales.
?El objetivo es democratizar los medios audiovisuales?, dice la socióloga Paula Baleato, como si en ese país hubiera que hacerlo. El debate de la ley de medios será el próximo pulso entre la izquierda y los sectores conservadores. Falta ver si el combustible de su política interna le alcanza al gobierno de Mujica.
En la portada del semanario Brecha aparece un Mujica sonriente, con un sumario llamativo: ?Mientras en la política doméstica se critica su forma de gobernar, a nivel mundial el presidente alcanza una estatura inesperada. La agenda de derechos que instauró en Uruguay y el papel creciente del mandatario en una mediación para el eterno conflicto colombiano lo proyectan como jugador global. Hasta se le promoverá como candidato a premio Nobel?, dice.