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El Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas propuso en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el cultivo regulado de marihuana con la intención de golpear a los mercados ilegales y otros factores negativos.
La iniciativa tiene como objetivo mejorar la seguridad reduciendo el crimen, la corrupción y la violencia, así como proteger a los grupos más vulnerables.
MÉXICO.- El Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (Cupihd) propuso el cultivo de la marihuana, sin fines de lucro, a efecto de garantizar un acceso seguro, eliminar al intermediario y desincentivar los mercados ilegales, entre otros factores.
Diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informaron lo anterior de acuerdo con los resultados del debate celebrado durante la segunda semana de las mesas de trabajo sobre políticas públicas, que en materia de drogas, realizan en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Al hacer un balance de los trabajos realizados, los diputados Esthela Damián, Efraín Morales y Daniel Ordóñez informaron en un comunicado que en su planteamiento la Cupihd sostuvo que el control sanitario garantizaría el acceso a la marihuana medicinal.
Separaría además, el mercado de la cannabis índica de otras drogas, reduciría también los riesgos de violencia social y de salud en las comunidades.
Para formar parte de una asociación productora de marihuana, dicha organización propuso seguir una serie de lineamientos y un reglamento, señalaron los diputados locales deL PRD.
En su exposición, en el tema de Justicia Alternativa, Jesús Salazar Villegas, impulsor del programa piloto de los Tribunales de Drogas en Nuevo León en 2009, dijo que varios países de América tienen ese tipo de instancias, entre ellos Estados Unidos, Chile, Costa Rica, República Dominicana y Perú.
Aunque en México aún no se cuenta con resultados formales sobre los Tribunales de Drogas, estos funcionan como programas en los que el participante recibe rehabilitación directa e inmediata, refirió.
Salazar Villegas explicó que esos países tienen mecanismos de sanciones e incentivos, y se fomenta la adherencia y el cambio, coordinan los servicios de tratamiento, las redes comunitarias y el sistema de justicia que se emplea contra los infractores y cuyos delitos están relacionados con un consumo problemático de drogas.
En Estados Unidos de 50 a 60 por ciento de las personas enjuiciadas ante los Tribunales de Drogas reinciden en la comisión de algún delito, dos de tres son encarcelados por nuevos ilícitos y en 95 por ciento de los casos relacionados con drogas continúan con el abuso de las mismas.
En la mesa sobre Justicia Terapéutica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el investigador José Antonio Caballero Juárez propuso encontrar soluciones menos agresivas relacionadas con el consumo de drogas.
Estas soluciones, aseveró, deben considerar sustancias lícitas e ilícitas, tratamientos, catálogos amplios de servicios, interacción con el Tribunal, monitoreo y evaluación, sanciones y recompensas, así como la suspensión provisional del proceso.
En la mesa de trabajo Alfredo González Portillo, de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) habló sobre mecanismos de seguimiento, control y evaluación y de los objetivos y operación del Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y otras Drogas (Omextad), creado en 2011.
Esta es una instancia de acercamiento al problema del consumo de drogas, reúne información sobre las dos vertientes en las que el gobierno federal trabaja, concentra información de todas las instituciones en los tres niveles de gobierno y fortalece las políticas públicas contra los estupefacientes.
El objetivo del Omextad, abundó, es poner a México a la vanguardia internacional en el diagnóstico de adicciones y brindar a los políticos y expertos un diagnóstico oportuno del patrón del consumo de drogas.
A su vez, la gerente para América Latina de Transform/México Unido contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, señaló que las métricas de evaluación deben medir resultados.
Esos resultados deben ser en la reducción en el consumo problemático, en la violencia, en el contagio de enfermedades, en las muertes por sobredosis, en nuevos usuarios, y no actividades como decomisos, arrestos y fumigaciones realizadas, detalló.
Como metas de la regulación citó proteger, promover y mejorar la salud pública, reconociendo que la política de drogas es, principalmente, un asunto de salud pública.
El objetivo de la regulación es mejorar la seguridad reduciendo el crimen, la corrupción y la violencia, así como proteger a los grupos más vulnerables, garantizar el ejercicio de los derechos humanos y maximizar la efectividad del gasto.
En el tema de salud pública, los objetivos deben ser minimizar la prevalencia del uso problemático, incluyendo la muerte por sobredosis, garantizar la existencia y el acceso a los servicios de prevención, reducción de daños, tratamiento y reinserción social.
También se deben eliminar los obstáculos que limitan o imposibilitan el acceso a los servicios y mejorar métricas de evaluación, concluyó.
La iniciativa tiene como objetivo mejorar la seguridad reduciendo el crimen, la corrupción y la violencia, así como proteger a los grupos más vulnerables.
MÉXICO.- El Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (Cupihd) propuso el cultivo de la marihuana, sin fines de lucro, a efecto de garantizar un acceso seguro, eliminar al intermediario y desincentivar los mercados ilegales, entre otros factores.
Diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) informaron lo anterior de acuerdo con los resultados del debate celebrado durante la segunda semana de las mesas de trabajo sobre políticas públicas, que en materia de drogas, realizan en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Al hacer un balance de los trabajos realizados, los diputados Esthela Damián, Efraín Morales y Daniel Ordóñez informaron en un comunicado que en su planteamiento la Cupihd sostuvo que el control sanitario garantizaría el acceso a la marihuana medicinal.
Separaría además, el mercado de la cannabis índica de otras drogas, reduciría también los riesgos de violencia social y de salud en las comunidades.
Para formar parte de una asociación productora de marihuana, dicha organización propuso seguir una serie de lineamientos y un reglamento, señalaron los diputados locales deL PRD.
En su exposición, en el tema de Justicia Alternativa, Jesús Salazar Villegas, impulsor del programa piloto de los Tribunales de Drogas en Nuevo León en 2009, dijo que varios países de América tienen ese tipo de instancias, entre ellos Estados Unidos, Chile, Costa Rica, República Dominicana y Perú.
Aunque en México aún no se cuenta con resultados formales sobre los Tribunales de Drogas, estos funcionan como programas en los que el participante recibe rehabilitación directa e inmediata, refirió.
Salazar Villegas explicó que esos países tienen mecanismos de sanciones e incentivos, y se fomenta la adherencia y el cambio, coordinan los servicios de tratamiento, las redes comunitarias y el sistema de justicia que se emplea contra los infractores y cuyos delitos están relacionados con un consumo problemático de drogas.
En Estados Unidos de 50 a 60 por ciento de las personas enjuiciadas ante los Tribunales de Drogas reinciden en la comisión de algún delito, dos de tres son encarcelados por nuevos ilícitos y en 95 por ciento de los casos relacionados con drogas continúan con el abuso de las mismas.
En la mesa sobre Justicia Terapéutica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el investigador José Antonio Caballero Juárez propuso encontrar soluciones menos agresivas relacionadas con el consumo de drogas.
Estas soluciones, aseveró, deben considerar sustancias lícitas e ilícitas, tratamientos, catálogos amplios de servicios, interacción con el Tribunal, monitoreo y evaluación, sanciones y recompensas, así como la suspensión provisional del proceso.
En la mesa de trabajo Alfredo González Portillo, de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) habló sobre mecanismos de seguimiento, control y evaluación y de los objetivos y operación del Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y otras Drogas (Omextad), creado en 2011.
Esta es una instancia de acercamiento al problema del consumo de drogas, reúne información sobre las dos vertientes en las que el gobierno federal trabaja, concentra información de todas las instituciones en los tres niveles de gobierno y fortalece las políticas públicas contra los estupefacientes.
El objetivo del Omextad, abundó, es poner a México a la vanguardia internacional en el diagnóstico de adicciones y brindar a los políticos y expertos un diagnóstico oportuno del patrón del consumo de drogas.
A su vez, la gerente para América Latina de Transform/México Unido contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, señaló que las métricas de evaluación deben medir resultados.
Esos resultados deben ser en la reducción en el consumo problemático, en la violencia, en el contagio de enfermedades, en las muertes por sobredosis, en nuevos usuarios, y no actividades como decomisos, arrestos y fumigaciones realizadas, detalló.
Como metas de la regulación citó proteger, promover y mejorar la salud pública, reconociendo que la política de drogas es, principalmente, un asunto de salud pública.
El objetivo de la regulación es mejorar la seguridad reduciendo el crimen, la corrupción y la violencia, así como proteger a los grupos más vulnerables, garantizar el ejercicio de los derechos humanos y maximizar la efectividad del gasto.
En el tema de salud pública, los objetivos deben ser minimizar la prevalencia del uso problemático, incluyendo la muerte por sobredosis, garantizar la existencia y el acceso a los servicios de prevención, reducción de daños, tratamiento y reinserción social.
También se deben eliminar los obstáculos que limitan o imposibilitan el acceso a los servicios y mejorar métricas de evaluación, concluyó.