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El proyecto de ley que pretende legalizar la distribución del cannabis en Uruguay se aprobaría durante el gobierno de José Mujica, dijo el viernes la principal senadora oficialista y esposa del mandatario, Lucía Topolansky, lo que daría un "golpe de fondo" al narcotráfico.
"Pienso que sí, tiene muchas posibilidades de salir, porque tenemos hasta setiembre de 2014", donde finaliza la legislatura, señaló Topolansky, la senadora más votada durante las últimas elecciones en el país sudamericano.
De concretarse, se daría "un golpe de fondo" al narcotráfico, con el que "hemos venido perdiendo como en la guerra. Está perdiendo México, ha perdido Colombia, ha bajado a Perú, es una plaga", explicó Topolansky.
Mujica anunció en junio de 2012 el primer borrador del proyecto que pretende que el Estado asuma el control de la comercialización de marihuana y en estos momentos el mismo es tratado en una comisión del Congreso.
Si bien la izquierda gobernante tiene las mayorías necesarias a nivel parlamentario para aprobarlo, los resquemores de algunos legisladores oficialistas han dilatado la discusión del proyecto, que llegaría a diputados en junio.
Este viernes, en línea con parte de la posición del gobierno uruguayo, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entregó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, un informe con nuevos enfoques en la lucha antidrogas.
En el informe se señala que la acción criminal asociada a la producción y el tránsito de drogas "es abrumadoramente mayor y más alarmante que aquella que generan la venta al detalle y los consumidores".
Topolansky confesó que, para entender el problema, tuvo que "dejar la cabeza de la década del 60", en la que vivió su juventud, y analizarlo "con las claves de hoy y ver lo más preocupante que tiene que ver con la salud y cómo tirarle una mano a los adictos".
Actualmente el consumo de marihuana no está penado en Uruguay, aunque sí su comercialización, y son los jueces quienes deciden la cantidad de droga que puede tener una persona para consumo personal.
En Uruguay hay unos 20.000 consumidores diarios de marihuana, 75.000 mensuales y alrededor de 120.000 anuales, según los últimos datos obtenidos por la Junta Nacional de Drogas.
"Pienso que sí, tiene muchas posibilidades de salir, porque tenemos hasta setiembre de 2014", donde finaliza la legislatura, señaló Topolansky, la senadora más votada durante las últimas elecciones en el país sudamericano.
De concretarse, se daría "un golpe de fondo" al narcotráfico, con el que "hemos venido perdiendo como en la guerra. Está perdiendo México, ha perdido Colombia, ha bajado a Perú, es una plaga", explicó Topolansky.
Mujica anunció en junio de 2012 el primer borrador del proyecto que pretende que el Estado asuma el control de la comercialización de marihuana y en estos momentos el mismo es tratado en una comisión del Congreso.
Si bien la izquierda gobernante tiene las mayorías necesarias a nivel parlamentario para aprobarlo, los resquemores de algunos legisladores oficialistas han dilatado la discusión del proyecto, que llegaría a diputados en junio.
Este viernes, en línea con parte de la posición del gobierno uruguayo, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entregó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, un informe con nuevos enfoques en la lucha antidrogas.
En el informe se señala que la acción criminal asociada a la producción y el tránsito de drogas "es abrumadoramente mayor y más alarmante que aquella que generan la venta al detalle y los consumidores".
Topolansky confesó que, para entender el problema, tuvo que "dejar la cabeza de la década del 60", en la que vivió su juventud, y analizarlo "con las claves de hoy y ver lo más preocupante que tiene que ver con la salud y cómo tirarle una mano a los adictos".
Actualmente el consumo de marihuana no está penado en Uruguay, aunque sí su comercialización, y son los jueces quienes deciden la cantidad de droga que puede tener una persona para consumo personal.
En Uruguay hay unos 20.000 consumidores diarios de marihuana, 75.000 mensuales y alrededor de 120.000 anuales, según los últimos datos obtenidos por la Junta Nacional de Drogas.