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El cannabis pelea por un espacio legal
En España existen plantaciones de marihuana con alarma conectada a la policía - Una docena de asociaciones cultiva para el autoconsumo tras buscar en los tribunales las rendijas de la ley
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Nada más pisar la asociación Pannagh te golpea el aroma empalagoso de la marihuana. En un armario se guardan bajo llave varias cajas que contienen diversas variedades: Critical Mass, White Widow, Medicine Man, New York Diesel, Aka 47. Al margen de ese detalle, el local es como el de todas las asociaciones: muebles viejos, folletos, algunos pósters y libros, en este caso sobre los efectos del cannabis, sus orígenes...
¿Debería despenalizarse el consumo de cannabis?
"Evitas el mercado negro y te aseguras de que el material es de calidad"
Un juez devolvió a un club la cosecha de estupefacientes requisada
Pese a las sentencias no hay seguridad jurídica. La tenencia es un ilícito civil
Un experto alerta de que se extiende la idea de que el porro es de bajo riesgo
La sede de Pannagh (cannabisen sánscrito) está en el centro de Bilbao. Hoy es jueves, día de reparto entre los socios. A las 18.00, empiezan a llegar. El primero es Miguel Ángel, con sida y un reciente trasplante de hígado. Después aparece Javier, sin dolencia específica, consumidor porque sí. Y Unai, que fuma porros porque le gusta. Y Begoña, que viene a recoger lo que consume su marido, gravemente enfermo de cáncer... Ser socio cuesta 25 euros al año. Luego pagan el gramo a cuatro euros (alrededor de la mitad de lo que cuesta en el mercado negro). Unos se llevan una bolsita con cinco gramos. Otros, con 10. Como máximo pueden disponer de 40 gramos al mes.
"Entre los socios hay funcionarios, comerciales, muchos enfermos... En total, somos unos 150 socios activos", explica Martín Barriuso, presidente de Pannagh. Barriuso -43 años, delgado, activo-, habla por el móvil sin parar, por eso lleva un pinganillo en la oreja. Además de ser el responsable de Pannagh, es el presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC; www.fac.cc), que a su vez forma parte de La Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD; www.encod.org). Barriuso es un militante de la causa procannabis, a la que lleva vinculado más de 15 años. La primera vez que hablamos me colgó el móvil apresuradamente. Unos guardias civiles le sorprendieron fumándose un porro. Barriuso es el administrativo de Pannagh. Él cultiva, cosecha, reparte, da la cara, habla con los socios... "Siempre tuve claro que algún día me daría de alta en la Seguridad Social cultivando marihuana", dice satisfecho.
En España, más de 2,2 millones de personas fuman marihuana o hachís al menos una vez al mes (encuesta domiciliaria 2007- 2008 del Plan Nacional Sobre Drogas). Algunos cultivan, otros tiran de amigos, muchos tienen camello y una minoría están asociados en organizaciones de usuarios o clubes de consumidores. Clubes como La MACA (Movimiento Asociativo Cannábico de Autoconsumo), de Barcelona, con 125 socios -José y Nora se encargan de su cultivo colectivo y están dados de alta en la Seguridad Social como administrativos agrónomos-, o Arsecse, de Sevilla, con unos 50 socios activos. En total, hay una docena de clubes repartidos por España, más al menos cuatro en proyecto (uno en Málaga, otro en Cádiz y dos en Madrid). Barriuso explica los beneficios de pertenecer a uno de estos clubes: "Evitas el mercado negro y te aseguras de que el cannabis es de calidad".
Si la marihuana es una sustancia ilegal, si a la gente le ponen multas a diario por fumar porros, ¿cómo se explica que existan estos clubes? ¿Son legales? Y sobre todo, ¿para qué existen?
Para explicar estas dudas hay que sumergirse en una compleja maraña de leyes e interpretaciones de las mismas. Y acudir a los orígenes de estos clubes, allá a principios de los noventa. En junio de 1991, un grupo de amigos inscribió en Barcelona la Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis (ARSEC; eligieron el nombre en homenaje a un amigo fallecido). En 1993, tras analizar un gran número de sentencias aplicadas a casos relacionados con el consumo de cannabis (el Código Penal prohíbe su venta, posesión y consumo en lugares públicos, pero no su consumo privado ni tampoco -como de hecho sucede en muchas senten-cias- el compartido), ARSEC le preguntó al fiscal antidroga de Cataluña si sería delito que cultivasen marihuana para cubrir su consumo personal. El fiscal se vio incapaz de pronunciarse sin hechos concretos y los 100 socios de ARSEC decidieron llevar a cabo la propuesta: plantaron 200 plantas de marihuana en una finca de Tarragona e informaron de ello al fiscal, a los Mossos d'Esquadra y a los medios de comunicación. Meses más tarde un coche de la Guardia Civil se topó con la plantación y la requisó.
El caso llegó a los tribunales. En una primera sentencia, la Audiencia Provincial de Tarragona absolvió a los cuatro responsables del cultivo. Pero la fiscalía recurrió. En 1997 el Supremo condenó a cada uno a cuatro meses de cárcel y una multa de 3.000 euros por un "delito abstracto". "El cultivo de plantas que producen materia prima para el tráfico de drogas es un acto característicamente peligroso para la salud pública, no obstante, que en el caso no se haya llegado a producir un peligro concreto", reza la sentencia. Que significa algo así como: aunque de momento no había sucedido, ¿quién nos asegura que no se iba a acabar traficando con esta marihuana?
Paralelamente a la experiencia de ARSEC sucedieron dos cosas. Por un lado, en Bilbao un grupo de personas decidió emular su experiencia. Crearon la asociación Kalamudia (origen de Pannagh), plantaron marihuana y avisaron a los medios de comunicación. El caso llegó al juzgado de Bilbao, que concluyó que no había indicio de delito, y meses más tarde Kalamudia recogió su primera cosecha ante los periodistas.
[B]
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